26 feb (EFE).- El abogado de la resistencia contra una mina de capital estadounidense-canadiense observó este martes que es una “total irresponsabilidad” del ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares, buscar un “arreglo” con la entidad extractora que demandó al país por la suspensión de sus operaciones.
El jurista Rafael Maldonado, quien defiende a la comunidad en resistencia al proyecto minero ante la Corte de Constitucionalidad con el fin de buscar la suspensión definitiva de la mina Progreso VII Derivada, afirmó a Efe que el supuesto acuerdo que busca el ministro le genera sospecha.
“Me parece que este arreglo puede dar pie a un posible caso de corrupción en beneficio del ministro”, aseguró Maldonado, pues la empresa minera “incumplió con la suspensión provisional de operaciones” que le fue decretada por el Constitucional y está siendo investigada por el Ministerio Público por “actividad criminal”.
Maldonado consideró que este caso interpuesto por la mina de oro y plata Exploraciones Mineras de Guatemala -filial de la estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA) y con capital canadiense- es “fácil de ganar”.
La demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) fue presentada el 11 de diciembre de 2018 por la suspensión en 2016 de las operaciones de la mina, que está entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a unos 27 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.
Como conocedor del caso, el abogado dijo estar “preocupado” porque el Ministerio de Economía -la entidad demandada junto a la Dirección de Administración del Comercio Exterior- no haga una defensa sólida del caso, por lo que instó a Valladares a “que se asesore con profesionales que conocen del tema” y que “recapacite” en su intención de llegar a un arreglo con la trasnacional.
Además, apuntó que la fiscal general, Consuelo Porras, debería “enviar un informe circunstanciado del proceso penal contra la mina que explotó minerales ilegalmente”.
Expuso que el Ministerio Público también mantiene suspendida la operación de Progreso VII Derivada por la investigación penal, pero lamentó que aún no haya llegado el proceso a la primera declaración ante un juez.
“La Corte de Constitucionalidad aún tiene pendiente resolver el amparo por la suspensión de la licencia de operación de la mina para que se suspenda en definitiva y ordene la consulta popular”, la cual tampoco se realizó y está pendiente de llevarse a cabo por el Ministerio de Energía y Minas, recordó Maldonado.
El ministro de Economía aseguró a Efe que para el Ciadi “el arbitraje podría concluir que las resoluciones locales violan los tratados internacionales” y por ello es que luce “desfavorable” el caso.
El funcionario asintió que así como los abogados del Ministerio han tenido “algunas aproximaciones” con la mina, tienen “limitado movimiento” al estar “judicializado el caso”.
Valladares dijo este martes durante una citación en el Congreso que Guatemala tiene el “riesgo” de perder la demanda de 300 millones de dólares reclamados por la minera y admitió que ve “cuesta arriba el caso”.
El funcionario explicó que en la actualidad se está en el proceso de seleccionar al panel de arbitraje después de que el pasado diciembre el Ciadi admitiera la demanda presentada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassidy & Associates.
“Es difícil cuantificar el impacto porque con estos casos se afecta al potencial inversionista, ya que cuando se promociona a Guatemala en el extranjero sale a luz el tema de las minas”, dijo el funcionario a los diputados.
Los congresistas que citaron al ministro lamentaron que las empresas mineras sólo entreguen al Estado el uno por ciento de las ganancias de las explotaciones, mientras que en otros países de Sudamérica, dijo el parlamentario Marco Antonio Orozco, esa cantidad es del 36 por ciento.
