Una jueza salvadoreña rechazó este martes dejar en libertad a dos militares retirados en prisión provisional acusados del asesinato de cuatro periodistas neerlandeses cometido hace cuarenta años cuando cubrían la guerra civil (1980-1992).
“Declárese no ha lugar la petición de la defensa sobre la excarcelación a favor de los procesados (Coronel) Francisco Antonio Morán Reyes y (el general) José Guillermo García y no ha lugar también otorgar medidas sustitutivas cautelares distintas a la detención provisional”, consignó en su resolución la jueza María Mercedes Argüello.
El Salvador permite que los acusados sean enjuiciados en libertad si el delito del que son acusados contempla penas de menos de tres años de prisión, pero el asesinato acarrea condenas de 15 a 20 años de cárcel.
García, de 89 años, ministro de Defensa entre 1979 y 1983, y Morán, de 91 años, que fuera director de la ahora proscrita Policía de Hacienda, fueron detenidos el 14 de octubre en sus domicilios en San Salvador.
El abogado de las víctimas, Pedro Cruz, declaró a la AFP que atendiendo dictámenes médicos que presentaron abogados que defienden a los militares, la jueza permitió que “reciban atención bajo custodia policial”, pero cuando se recuperen en el hospital deberán ir a un centro penitenciario.
La resolución de la jueza, según Cruz, es “positiva” aunque se trata “del primero de una serie de pasos que hay que dar para establecer completamente la verdad de lo ocurrido y la responsabilidad de los hechores”.
El 17 de marzo de 1982, según una Comisión de la Verdad de la ONU, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ahora proscrito batallón Atonal, en Santa Rita, departamento de Chalatenango.
Los neerlandeses habían llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado en conflicto.
Una ley de amnistía de 1993 que perdonó los crímenes de guerra, declarada inconstitucional en 2016, impidió cualquier investigación del caso.
Además de García y Morán, también figura como acusado de los asesinatos el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la IV Brigada de Infantería de Chalatenango, quien reside en Estados Unidos.
Pese a estar ya fallecidos, en la reciente orden de detención también figuran el exjefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, general Rafael Flores Lima, y el sargento Mario Canizales.
