Un juez de Nueva York dictaminó este jueves que se debe nombrar un supervisor independiente con el fin de evitar “más fraudes” dentro de la empresa familiar de Donald Trump.
Se trata de un duro revés para la Organización Trump y respalda la demanda civil presentada contra la empresa por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
James buscaba el nombramiento como parte de su proceso civil contra el expresidente y sus tres hijos mayores.
La fiscal acusa a la Organización Trump de inflar el valor de sus activos para obtener mejores condiciones de préstamo o de rebajarlos para pagar menos impuestos.
Esta demanda, que aún no ha llegado a juicio, es independiente de un proceso que se abrió recientemente contra la Organización Trump (no contra el propio expresidente) por cargos de fraude y evasión fiscal.
Uno de los ejecutivos implicados, el antiguo director financiero Allen Weisselberg, ya se ha declarado culpable de 15 cargos de fraude fiscal, y se espera que revele datos contra su antigua empresa como parte de un acuerdo de culpabilidad.
El jueves, el juez Arthur Engoron dijo que hubo “tergiversaciones persistentes” por parte de Trump entre 2011 y 2021 en documentos financieros.
“Este tribunal considera que el nombramiento de un supervisor independiente es el mecanismo más prudente y ajustado para garantizar que no haya más fraudes o ilegalidades que violen” la ley del estado de Nueva York, dijo el juez.
El magistrado aseguró que algunos de los ejemplos citados por James eran “particularmente convincentes”.
Uno de ellos tiene que ver con el apartamento tríplex del expresidente en la Torre Trump, situado en la 5ª Avenida de Nueva York, y que sobrevaloraron en 200 millones de dólares aproximadamente, dijo Engoron.
Trump y sus hijos adultos tienen prohibido “vender, transferir o disponer de cualquier otro modo de cualquier activo no monetario que figure en la Declaración de la Condición Financiera de Donald J Trump de 2021” sin avisar previamente con 14 días de antelación, dijo el juez.
En su demanda, James pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios.
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